XI Legislatura del Estado de Quintana Roo

Iniciativa 

Primer Período Ordinario  del 2do. Año

Fecha de Inicio 22  de Junio  de 2006

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO

Los suscritos Diputados Jesús Manuel Valencia Cardín, Julio Rodríguez Herrera, José Joaquín González Castro y David Álvarez Cervera, todos integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Convergencia representado en esta Soberanía, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, la Iniciativa de Ley de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El territorio del Estado de Quintana Roo se caracteriza por la gran riqueza y diversidad de sus ecosistemas, dicho atractivo ha generado una problemática de deterioro generalizada, debido al explosivo crecimiento urbano-turístico y a la demanda de bienes y servicios de la población, aunado a la falta de respeto hacia la naturaleza y a la legislación ambiental, así como al exceso de discrecionalidad en la asignación de usos de suelo y aprovechamiento de los recursos naturales;

Una de las preocupaciones fundamentales de los sistemas jurídicos es asegurar la aplicación de sus propias normas, en términos de garantizarle a la sociedad una capacidad de respuesta adecuada a los casos individuales o masivos.

En las últimas tres décadas del siglo XX, se abrió paso en las sociedades democráticas a la idea de la protección al ambiente y de la promoción del desarrollo sustentable, que trajo entre otras consecuencias la generación de una legislación específicamente ambiental, cuya aplicación presenta entre nosotros, como en casi todos los países del mundo, graves problemas de aplicación. Asegurar esa aplicación es, por tanto, una prioridad;

Existe una percepción generalizada de que la legislación ambiental tiene un bajo nivel de aplicación por parte de quienes están llamados a imponer las sanciones previstas para los casos de violaciones a sus disposiciones, lo que redunda en una inobservancia cada vez más creciente y, por tanto, preocupante, por quienes son sus destinatarios primarios. Más aún, existe una convicción bastante extendida de que un número relevante de normas jurídicas de naturaleza ambiental están condenadas a no ser aplicadas, esto es, que nacen como "derecho muerto". Este hecho se explica por razones que tendrían que ver principalmente con la falta de voluntad de las autoridades políticas y las insuficiencias de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de ponerlas en práctica;

La autoridad pública se rige por el principio de la legalidad y, para ese efecto, está dotada de facultades para que mediante su unidad de control y vigilancia revise los actos que ella misma realiza, así como los que realizan sus dependencias, sin embargo, estas unidades de control y vigilancia, deben ser dotadas de credibilidad, de manera, que la Autoridad Pública no tenga como subordinados a aquellos funcionarios públicos responsables de aplicar las sanciones o infracciones en las Unidades de control y vigilancia, ante esa situación, la independencia jurídica-administrativa se hace necesaria para la debida aplicación de las normas legales.

Que teniendo en cuenta la necesidad que existe de reforzar el sistema de aplicación administrativa y de hacerlo a un costo social y económico razonable, pero sobre todo sin perder de vista que lo que cuenta, en ultimo término, es el aporte que la legislación y sus sistemas pueden hacer para la protección del medio ambiente y a la promoción del desarrollo sustentable en el Estado, es que se pretende un mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de emitir normas y las encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes, evitando que una sola autoridad se constituya en juez y parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado nos permitimos someter a la consideración de esa Honorable Representación Popular la siguiente

INICIATIVA DE LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TITULO PRIMERO

CAPITULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer la estructura, las atribuciones y los procedimientos de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial como encargada de la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Artículo 2°.- Se crea la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo a su cargo el cumplimiento de las disposiciones objeto de esta ley.

Artículo 3°.- Para los efectos de esta ley, además de las definiciones que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, La Ley de Asentamientos Humanos, Ley de Obras Públicas, Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo y Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, se entenderá por:

  1. Administración Pública: Las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal.

  2. Congreso del Estado: H. Congreso del Estado de Quintana Roo.

  3. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo.

  4. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo.

  5. Reglamento Interior: El Reglamento de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo.

  6. Ordenamiento territorial: El conjunto de las disposiciones que tienen por objeto establecer la relación entre la distribución de los usos, destinos y reservas de suelo del Estado de Quintana Roo, con los asentamientos humanos, las actividades y los derechos de sus habitantes, la zonificación y las normas de ordenación, así como la reglamentación en materia de construcciones, de imagen y paisaje urbano, de impacto urbano o urbano ambiental, y de anuncios;

  7. Recomendación: Resolución emitida por la Procuraduría y dirigida a dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, que tiene el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, cuando se acrediten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de esas disposiciones, o cuando las acciones de las autoridades correspondientes generen o puedan generar desequilibrio ecológico, daños o deterioro grave del ambiente y de los recursos naturales del Estado de Quintana Roo.

  8. Sugerencia: Opinión emitida por la Procuraduría y dirigida al Congreso del Estado o a los órganos jurisdiccionales para su consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, que tiene por objeto promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Artículo 4°.- El patrimonio de la Procuraduría, se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto, por las partidas que se prevean en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y los bienes y recursos numerarios que por cualquier título legal adquiera o reciba para la consecución de sus fines.

La Procuraduría administrará su patrimonio conforme a las disposiciones legales aplicables y a los presupuestos y programas aprobados.

TITULO SEGUNDO

DE LA PROCURADURÍA

CAPITULO I

DE LAS ATRIBUCIONES

Artículo 5°.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones siguientes:

  1. Recibir, conocer e investigar denuncias sobre actos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas vigentes en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

  2. Realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones planteados en las denuncias que reciba o en las investigaciones de oficio que realice, así como emplazar a las personas involucradas para que comparezcan ante la Procuraduría a manifestar lo que a su derecho convenga, en los procedimientos respectivos;

  3. Promover y procurar la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades.

  4. Imponer medidas correctivas, de urgente aplicación y de seguridad, así como sanciones administrativas, derivadas de procedimientos administrativos de inspección y verificación;

  5. Emitir recomendaciones ante las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, con el propósito de promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y el ordenamiento territorial;

  6. Emitir sugerencias al Congreso del Estado y a las autoridades judiciales para su consideración en los procedimientos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia relacionados con el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y el ordenamiento territorial;

  7. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de la legislación administrativa y penal, en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

  8. Coadyuvar con el ministerio público en los procedimientos penales que se instauren con motivos de delitos relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

  9. Formular y validar dictámenes técnicos y periciales respecto de daños ambientales y, en su caso de la restauración o compensación ambiental de los mismos;

  10. Informar, orientar y asesorar a la población respecto al cumplimiento y aplicación de las disposiciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

  11. Celebrar toda clase de actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de su funciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas;

  12. Ejercer las atribuciones que le sean transferidas por las autoridades federales o del Gobierno del Estado de Quintana Roo y que sean acordes a su objeto;

  13. Emitir opiniones relacionadas con las disposiciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como interpretar para efectos administrativos, esta Ley, su Reglamento y las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

  14. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales.

CAPITULO II

DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA

Artículo 6°.- La Procuraduría se integrará por:

  1. Un Órgano Colegiado de Dirección denominado Junta de Gobierno;

  2. Un Procurador;

  3. Una Subprocuraduría de Protección al Ambiente;

  4. Una Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial;

  5. Las Unidades Administrativas que se establezcan en su reglamento interior.

Artículo 7°.- La Procuraduría estará a cargo de un Procurador, que será designado por el Congreso del Estado, de la terna propuesta por el Gobernador del Estado de Quintana Roo.

El Proceso de designación será conforme al siguiente procedimiento:

  1. El Ejecutivo del Estado hará llegar al Congreso del Estado la propuesta de una terna que contenga los nombres de los candidatos a ocupar el cargo de Procurador;

  2. La Comisión del Ecología y Asuntos Agropecuarios Forestales y Pesqueros del Congreso del Estado, citará en un lapso de diez días hábiles después de haber recibido la propuesta, a los ciudadanos incluidos en la terna para efecto de que comparezcan dentro de los tres días hábiles siguientes a una entrevista, procediendo posteriormente a formular el dictamen respectivo que contendrá la propuesta al Pleno de quien habrá de ser nombrado para dicho cargo;

  3. El Congreso del Estado aprobará por mayoría calificada de votos el dictamen que contenga el nombre del designado Procurador; en caso de no lograrse la mayoría, se procederá a una segunda ronda de votación, sí por segunda ocasión no se logrará la mayoría se solicitará al Ejecutivo del Estado el cambio de terna;

  4. El Congreso del Estado procederá a la toma de protesta.

Artículo 8°.- Para ser Procurador o Subprocurador se requiere:

  1. Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ciudadano(a) quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

  2. Tener más de treinta años de edad;

  3. Tener conocimiento y experiencia acreditable en materia jurídica, ambiental y de ordenamiento territorial; así como, del marco normativo vigente federal, estatal y municipal;

  4. Gozar de buena reputación, no estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional;

  5. No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al momento de ser propuesto;

  6. Tener residencia en la entidad y vecindad en algún municipio, durante los cinco años anteriores a la fecha de designación;

Artículo 9°.- El Procurador durará en su encargo tres años y podrá ratificarse sólo para un segundo periodo.

La propuesta de ratificación del Procurador, la realizará la Comisión de Ecología y de Asuntos Agropecuarios Forestales y Pesqueros de la Legislatura, tomando en consideración los informes anuales presentados por el Procurador en turno, así como de la actuación del mismo, dicha ratificación se someterá para su aprobación a la Legislatura o Diputación Permanente, en su caso, mediante el mismo sistema de votación estipulado para su designación.

El Procurador sólo podrá ser removido de sus funciones cuando transgreda las disposiciones contenidas en el Titulo Octavo de la Constitución del Estado. En ese supuesto o en el de renuncia, el Procurador será sustituido interinamente por un Subprocurador, a designación de la Junta de Gobierno, en tanto se procede al nombramiento por el Congreso del Estado, bajo el procedimiento establecido en la presente ley.

La retribución que reciba el Procurador, será la equivalente a la de un Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El Procurador y los Subprocuradores, no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión oficial y solo podrán recibir percepciones derivadas de actividades docentes, regalías por derechos de autor o publicaciones, siempre que no se afecte el ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia.

Artículo 10.- El titular de la Procuraduría tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Representar a la Procuraduría legalmente y ejercer las funciones que a esta le correspondan;

  2. Presentar el proyecto de Reglamento Interior a la Junta de Gobierno para su aprobación;

  3. Proponer ante la Junta de Gobierno los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría; definiendo los sistemas de información, evaluación y control necesarios para el desempeño de las funciones de la Procuraduría.

  4. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Procuraduría;

  5. Proponer el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público del Estado de Quintana Roo y enviarlo oportunamente al Gobernador del Estado, para que ordene su incorporación al proyecto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente;

  6. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole administrativa y de interés social a las que se refiere esta ley y, en su caso, imponer las medidas cautelares y sanciones correspondientes;

  7. Emitir, de acuerdo con su competencia, alguna opinión que coadyuve a impulsar cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas administrativas para una mejor protección y manejo de los recursos naturales y del ordenamiento territorial.

  8. Impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados por México, en materia ambiental.

  9. Previo procedimiento en el que se respeten a los particulares las garantías de legalidad y audiencia, con sujeción a lo establecido en el Titulo Octavo de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, imponer las sanciones correspondientes;

  10. Denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos o delitos ambientales y del ordenamiento territorial;

  11. Coadyuvar con el ministerio público en los procedimientos penales que se instauren con motivos de delitos relacionados con la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

  12. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos sobre asuntos que competan a la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

  13. Delegar las facultades en los Subprocuradores y los Jefes de las Unidades Administrativas, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante acuerdos que serán ratificados por la Junta de Gobierno.

  14. Someter a consideración de la Junta de Gobierno el nombramiento, promoción y remoción de los servidores públicos de la Procuraduría;

  15. Presentar a la Junta de Gobierno el informe anual de sus actividades y del ejercicio de su presupuesto; y

  16. Las demás que se le asignen en los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 11.- El Procurador enviará al Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado, un informe anual sobre las actividades que la procuraduría haya realizado en dicho periodo. Este informe contendrá una descripción sobre las denuncias que se hayan recibido, las investigaciones y conciliaciones realizadas, así como las resoluciones que haya tomado, las recomendaciones y sugerencias emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes por cumplimentarse; las sanciones impuestas; y los datos estadísticos e información que se consideren de interés.

Artículo 12.- La Junta de Gobierno será el Órgano Rector de carácter plural y multidisciplinario de la Procuraduría y será integrado por:

  1. El Gobernador del Estado,

  2. Los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Secretaría de Infraestructura y Transporte, La Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional;

  3. Los Diputados Presidentes, de la Comisión de Ecología y Asuntos Agropecuarios Forestales y Pesqueros, de la Comisión de Infraestructura y Asentamientos Humanos y la Comisión de Asuntos Municipales,

  4. Cinco ciudadanos que gocen de buena reputación, que representen a los sectores social, ONG, académico, empresarial y de investigación y que cuenten con conocimientos y experiencia comprobada en las materias relacionadas con las funciones de la Procuraduría, quienes serán nombrados conforme al procedimiento de designación para el nombramiento del Procurador.

Los integrantes de la Junta de Gobierno referidos en el presente artículo nombrarán a un representante, quien acudirá en su ausencia a las sesiones, con la finalidad de dar continuidad a la actuación de la Junta de Gobierno, ésta suplencia deberá recaer siempre en la misma persona.

Los integrantes de la Junta de Gobierno, ostentarán el cargo a título honorífico.

Artículo 13.- La Junta de Gobierno contará con una Secretaría Técnica, que dará trámite a sus decisiones en los términos que establezca el reglamento interior.

El Secretario Técnico será designado por la Junta de Gobierno.

Artículo 14.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

  1. Aprobar el proyecto del Reglamento Interno de la Procuraduría;

  2. Aprobar los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría y hacerlos del conocimiento de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Quintana Roo;

  3. Aprobar los programas y planes de trabajo presentados por el Procurador;

  4. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos y los programas correspondientes;

  5. Opinar sobre el informe de la Procuraduría;

  6. Designar al Secretario Técnico;

  7. Aprobar el nombramiento, promoción y remoción de los funcionarios de la Procuraduría;

  8. Previo análisis , resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por la propia Procuraduría; y

  9. Las demás atribuciones que se establezca en la presente Ley y su Reglamento Interior.

Artículo 15.- La Junta de Gobierno se reunirá en sesiones ordinarias una vez cada tres meses, y extraordinarias, cuantas veces sea necesario en los términos que establezca el Reglamento Interior y tomará sus decisiones por mayoría de votos de los integrantes presentes.

Artículo 16.- La Procuraduría deberá promover la más amplia difusión de sus funciones y servicios entre los habitantes del Estado de Quintana Roo, a efecto de lograr el mayor acceso de la Ciudadanía a las instancias de gestoría y denuncia.

TITULO TERCERO

DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 17.- La Procuraduría, dentro del ámbito de su competencia, iniciará sus actuaciones a instancia de la parte interesada; o de oficio en aquellos casos de especial relevancia ambiental en que la que el Procurador así lo determine, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 18.- Los procedimientos de la Procuraduría se regirán por los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, gratuidad, transparencia e imparcialidad; salvaguardando el legítimo interés de toda persona para solicitar la defensa y protección de su derecho a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.

Artículo 19.- Los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública están obligados a auxiliar en forma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría en el desempeño de sus funciones, y rendir los informes que se les soliciten en el término establecido en la presente Ley. Cuando no sea posible proporcionar los informes solicitados por la Procuraduría, el hecho deberá acreditarse por escrito haciendo constar las razones, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Artículo 20.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública, no es necesario acreditar interés jurídico, ni fundar o motivar la solicitud; sin embargo deberá referirse a la ó las quejas específicas objeto de la solicitud correspondiente.

Artículo 21.- Para efecto de los procedimientos administrativos regirá además del Título Octavo, Capítulo I de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, la Ley de Justicia Administrativa del Estado y el Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CAPITULO II

DE LA DENUNCIA

Artículo 22.- La presentación de las denuncias se regirá bajo el procedimiento que establece el Título Sexto, Capítulo IX de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Artículo 23.- Toda denuncia deberá ser redactada en español, de lo contrario se acompañara de su correspondiente traducción, en caso de no exhibirse, la Procuraduría la obtendrá de manera oficiosa a través de un traductor adscrito a la misma, a costas del interesado, excepto cuando se trate de denuncias en lengua indígena, en cuyo caso la traducción no será a su cargo. Cuando una denuncia se lleve a cabo de manera oral, deberá documentarse inmediatamente su desarrollo, utilizando para tal efecto los medios con que cuente la Procuraduría para tal fin, procediendo el denunciante a firmar o estampar su huella digital.

La denuncia podrá ser presentada también vía telefónica o por cualquier medio electrónico, al recibir la denuncia por esta vía la Procuraduría deberá realizar el registro correspondiente haciendo constar esta circunstancia.

Artículo 24.- Las agrupaciones u organizaciones de particulares podrán presentar denuncias en los términos de esta Ley, para lo cual deberán designar a un representante. Si no se hace el nombramiento, la Procuraduría tendrá como representante común a la persona mencionada en primer término. Los interesados podrán revocar en cualquier momento tal designación nombrando a otro, lo que se hará saber de inmediato a la Procuraduría. El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidades inherentes a un mandatario judicial.

Artículo 25.- Recibido el escrito de denuncia, dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Procuraduría notificará al denunciante el acuerdo de calificación correspondiente, señalando el trámite que se le ha dado a la misma. En el supuesto de rechazo se informará al interesado sobre las razones que motivaron el mismo.

Artículo 26.- Son causas de improcedencia las siguientes;

  1. Los hechos denunciados no sean competencia de la Procuraduría,

  2. Exista la imposibilidad legal o material para investigar los hechos denunciados, y

  3. Los hechos denunciados se encuentren pendientes de resolución por parte de órganos jurisdiccionales.

Artículo 27.- Una vez admitida la denuncia, se procederá a investigar los actos, hechos u omisiones, solicitados por el promovente.

Se procederá a realizar la visita de verificación correspondiente de conformidad con el Titulo Octavo, Capítulo II de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Si la denuncia presentada fuera de competencia de otra autoridad, la Procuraduría, acusará recibo al denunciante, pero no admitirá tal denuncia y la turnará dentro de los cinco días hábiles siguientes, a la autoridad competente, para su atención y trámite, y comunicará el acuerdo respectivo al denunciante.

La visita de verificación y el acta levantada por motivo de ésta, pasará a calificación y resolución, que emitirá la Procuraduría, la que deberá estar debidamente fundada y motivada y notificará el resultado al denunciante de la misma, según lo previsto en el Título Octavo, Capítulo I de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.

Artículo 28.- En caso de que la denuncia no implique violaciones a la normatividad ambiental, ni afecte el orden publico o interés social, la Procuraduría, podrá sujetar la misma a un procedimiento de conciliación.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se escuchará a todas las partes involucradas, respetando su garantía de audiencia conforme a los procedimientos previstos en esta ley y a la demás normatividad aplicable

Artículo 29.- Si las partes llegasen a un acuerdo se concluirá la denuncia mediante la firma del convenio respectivo el cual deberá estar ajustado a derecho. En caso de incumplimiento se dejarán a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer ante la instancia correspondiente.

Artículo 30.- El trámite de la denuncia se considera concluido cuando:

  1. Las partes concilien sus intereses, de conformidad con lo descrito en el Artículo 28 del presente ordenamiento.

  2. La Procuraduría emita resolución, sancionando o absolviendo al denunciado e informe al denunciante;

  3. El denunciante manifieste expresamente su desistimiento; siempre y cuando la renuncia al derecho en que se funde la solicitud solo afecte su interés particular y no este prohibido por ordenamiento jurídico.

  4. La Procuraduría emita, y en caso de negativa de cumplimiento se haga pública, la recomendación respectiva; y

  5. Los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

CAPITULO III

DE LA RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIA

Artículo 31.- La recomendación procede cuando por actos u omisiones de la autoridad se ponga en peligro la salvaguarda del legítimo derecho de toda persona, dentro del territorio del Estado de Quintana Roo, a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, en términos del Titulo Primero de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado; así mismo, cuando se contravengan las disposiciones legales del Titulo Tercero, Sección II de la misma, en lo referente al ordenamiento territorial.

Artículo 32.- Para la formulación de la recomendación deberá analizarse los hechos, argumentos y pruebas, así como las diligencias que se hayan practicado para determinar si la autoridad ha violado o no las disposiciones administrativas materia de la denuncia y el resultado de las visitas de verificación realizadas por la Procuraduría, al incurrir en actos u omisiones contrarios a los mismos.

Artículo 33.- La recomendación deberá contener lo siguiente:

  1. Narración sucinta de los hechos origen de la denuncia y/o de la visita de verificación;

  2. Descripción de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta de la autoridad responsable;

  3. Observaciones, pruebas y razonamientos jurídicos en que se soporte la violación; y

  4. Señalamiento de las acciones concretas que se solicitan que la autoridad lleve a cabo para observar la aplicación correcta de la legislación vigente en materia ambiental, respecto del caso en cuestión.

Artículo 34.- Una vez emitida la recomendación, se notificará de inmediato a la autoridad a la que vaya dirigida, a fin de que tome las medidas necesarias para su cumplimiento.

La autoridad a la que se dirija la recomendación, deberá responder si la acepta o no en un plazo de diez días hábiles y dispondrá de un lapso de quince días más para comprobar su cumplimiento.

Cuando la autoridad no acepte la recomendación deberá responder a la Procuraduría con los razonamientos que motivaron su decisión.

En los casos en que por la naturaleza de la recomendación o sugerencia se requiera de un plazo mayor adicional al señalado para su cumplimiento, previa solicitud de la autoridad, la Procuraduría autorizará la prórroga correspondiente.

La autoridad o servidor público que haya aceptado la recomendación tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento.

Artículo 35.- La sugerencia procede cuando en el marco de la protección al ambiente y del ordenamiento territorial, se busque promover, mejorar o interpretar disposiciones jurídicas en la materia, para tal efecto se emitirá una opinión para la consideración de los Poderes Legislativo y Judicial, lo anterior sin menoscabo de las atribuciones que les son conferidas expresamente.

Artículo 36.- La sugerencia deberá contener lo siguiente:

  1. Narración sucinta de los hechos origen de la sugerencia;

  2. Descripción de la situación jurídica general en la que encuadre la sugerencia;

  3. Observaciones, pruebas y razonamientos técnicos y jurídicos en que se soporte la sugerencia; y

  4. Señalamiento de las acciones concretas que se sugiere a los Poderes Legislativo y Judicial para mejorar, proponer o interpretar disposiciones de la legislación vigente en materia ambiental, respecto del caso en cuestión.

CAPITULO IV

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Artículo 37.- La Procuraduría, de conformidad con lo previsto en Titulo Octavo, Capítulos IV y V de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado del Estado de Quintana Roo, Capítulo XIII de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo, Título Quinto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, impondrá las medidas de seguridad, infracciones o sanciones administrativas según sea el caso, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que se hubiere incurrido.

CAPITULO V

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

Artículo 38.- El recurso de revisión deberá presentarse ante la Junta de Gobierno de la propia Procuraduría, de conformidad con lo previsto en Titulo Octavo, Capítulo VII de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado del Estado de Quintana Roo.

Artículo 39.- Es optativo para el particular agotar el recurso de revisión o promover el juicio respectivo ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

Artículo 40.- En contra de la resolución que resuelva el recurso de revisión interpuesto, procede el juicio ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor, el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado a través de las instancias competentes conformará un cuerpo multidisciplinario para efectos de la elaboración del Reglamento Interior, Manuales de Organización y Presupuesto 2007 para la operación de la Procuraduría; los gastos de operación serán con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el Cuarto Transitorio del Decreto Número 48, por el que se establece el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 2006.

TERCERO.- La Junta de Gobierno de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, deberá quedar constituida dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la vigencia de la presente Ley.

CUARTO.- El Titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, será nombrado en los términos previstos en la presente Ley, dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes a la integración de la Junta de Gobierno.

QUINTO.- El Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, deberá ser expedido y publicado en el Periódico Oficial del Estado en un plazo que no excederá de ciento veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que sea instalada la Junta de Gobierno. En el mismo lapso deberán adecuarse y publicarse los ordenamientos locales relacionados con el cuidado y protección del ambiente para que se contemple en ellos a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado.

SEXTO.- Las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que en materia ambiental se encuentran asignadas actualmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, a partir de la vigencia de la presente Ley, se entienden conferidas a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Quintana Roo.

SÉPTIMO.- Los bienes muebles e inmuebles autorizados para la inspección y vigilancia ambiental, que a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley se utilicen por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado, serán transferidos a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado, en un plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir del nombramiento del Procurador.

OCTAVO.- El personal de base adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado que se ha venido encargando de la inspección y vigilancia en materia ambiental, será transferido a la Procuraduría con su anuencia, así como con la anuencia de la propia Procuraduría, y tomando en cuenta a la representación sindical.

NOVENO.- Los procedimientos administrativos materia de esta Ley que se encuentren en trámite a su entrada en vigor serán remitidos a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado para su atención y resolución correspondiente, y continuarán tramitándose de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente del Estado.

DÉCIMO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 21 días del mes de junio del año 2006.

LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO CONVERGENCIA

REPRESENTADO ANTE LA H. XI LEGISLATURA

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIP. JESÚS MANUEL VALENCIA CARDÍN

 DIP. JULIO RODRÍGUEZ HERRERA

DIP. JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ CASTRO

 DIP. DAVID ÁLVAREZ CERVERA