X Legislatura del Estado de Quintana Roo

Iniciativa 

Segundo Período Ordinario  del 3° Año

Fecha de Inicio 16  de Noviembre de 2004

 

HONORABLE X LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

PRESENTE.

LIC. JOAQUÍN ERNESTO HÉNDRICKS DÍAZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 68 FRACCIÓN I Y 90 FRACCIÓN XVIII y EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME IMPONE EL ARTICULO 91 FRACCIONES VI y XIII, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN VIGOR, ME PERMITO SOMETER A LA CONSIDERACIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE ESA H. X. LEGISLATURA, LA PRESENTE INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE SERVICIO POLICIAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, SUSTENTÁNDOLA EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  1. Que dentro de las obligaciones que me impone la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo se contemplan, entre otras, la de mantener la Administración Pública en constante perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la Entidad; observando y respetando para ello, los principios y lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

  2. Que dichos principios se traducen, entre otros, en el ejercicio de la facultad que me confiere la propia Constitución Política Estatal, en mi calidad de Gobernador del Estado, para iniciar decretos, con el fin de proveer en la esfera administrativa el exacto y eficaz cumplimiento de las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico antes citado dentro del margen del presupuesto autorizado.

  3. Que el Plan Básico de Gobierno 1999-2005, en su rubro de Reforma Administrativa del Estado, establece como objetivo fundamental para lograr la misma, reformar de manera integral la administración pública estatal, actualizando y simplificando toda su estructura orgánica, funciones, normatividad existente y modernizando los espacios y equipos de trabajo. Lo que en consecuencia, se contempla concretizar con una administración pública honesta, moderna, eficaz y eficiente que se traduzca en un imperativo para coadyuvar con el equilibrio social y económico de la Entidad.

  4. Que en congruencia con el Plan antes citado, el Acuerdo por el que se Establecen Disposiciones Reglamentarias para el Ejercicio del Gasto Asignado a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, expedido con fecha veintiocho de febrero del año 2002 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con fecha 15 de marzo de ese mismo año, considera necesario y fundamental que el ejercicio de los recursos públicos continúe ejecutándose con eficiencia, eficacia y transparencia para dar cumplimiento a las metas y objetivos del Estado.

  5. Que en ese sentido y atendiendo al mandato establecido en eI artículo 21ª penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respetivas competencias; ha sido uno de los objetivos prioritarios de la actual administración pública estatal en esa materia, propiciar y procurar que sus estructuras orgánicas encargadas de la protección ciudadana sean garantía de legalidad y tranquilidad social, para lo cual ha acogido como una exigencia necesaria, la renovación constante de dichas estructuras, a efecto de mantenerlas permanentemente actualizadas, acordes con las exigencias y requerimientos que la modernidad impone, bajo el enfoque de considerar que para lograr la prestación oportuna y eficiente del servicio integral de la Seguridad Pública, se requiere contar con personal no sólo honesto, sino capacitado profesional mente, con lo que se asegurará en la medida de lo posible un clima de sana convivencia, estabilidad y orden social en beneficio de la seguridad personal, familiar y patrimonial de la población del Estado.

  6. Que en ese tenor, es propósito fundamental del Gobierno que me honro encabezar, crear los ordenamientos normativos que establezcan las atribuciones que le competen al Estado en materia de Seguridad Pública, definiendo clara y específica mente las facultades que en esa materia deben de sujetarse sus Dependencias, Entidades y Cuerpos Policiales en su actuación.

  7. Que considerando a la Administración Pública Estatal como el instrumento del poder público que da sustento material a las instituciones políticas, en cada etapa de la Historia le ha correspondido una estructura orgánica adecuada a las necesidades y demandas de la población y a las prioridades estatales. En ese sentido, dicha Administración Pública Estatal en la actualidad debe responder a los nuevos retos estructurándose, convirtiendo las leyes en políticas públicas que den sustento material y legitimidad social al Gobierno.

  8. Que los tiempos actuales y el nuevo paradigma de la seguridad pública, hacen necesario que exista una modernización del marco legal en este rubro tan importante, a fin de formar un gobierno fundamentado en la honestidad, la responsabilidad, la eficiencia y el compromiso con la ciudadanía, ya que ninguna autoridad tiene mayores facultades que aquellas expresamente contenidas en las leyes que rigen su actividad.

  9. Que actualmente la visión integral de una nueva cultura de legalidad y la consecuente necesidad de disponer de normas básicas que amparen la transformación de los cuerpos policiales en el Estado, hacen necesario para el gobierno, refrendar el principio de legalidad bajo el cual han de actuar los integrantes de las corporaciones policiales, que deberá ser siempre en apego a la irrestricta observancia de los derechos humanos.

  10. Que se ha observado, que la normatividad que regula el funcionamiento y la actuación de las corporaciones de policía preventiva y de tránsito de los municipios y la del Estado, no ha sido actualizada y es hoy en día un tanto obsoleta; ello, aunado a la falta de manuales de organización y de procedimientos que fijen las tareas, delimiten responsabilidades; citen indicadores y estándares del desempeño de cada uno de los servidores públicos que las integran, además de un sistema integral de promoción e inventivos.

  11. Que en este contexto y ante la falta de una normatividad en el Estado, aplicable a los integrantes de las corporaciones policiales, se precisa disponer de un instrumento legal mediante el cual se rija y organice adecuadamente el servicio que brindan las citadas corporaciones policiales en toda la Entidad.

  12. Que además, entre los objetivos del Sistema Estatal de Seguridad Pública está la revaloración y dignificación de las instituciones policiales, para que éstas formen su personal bajo los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

  13. Que considerando lo antes señalado, el Código del Servicio Policial para el Estado de Quintana Roo que se propone, persigue el objetivo fundamental a que debe aspirar todo gobierno democrático, esto es, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del Estado. Ya que la pluralidad de ordenamientos jurídicos que actualmente rigen a los órganos responsables de la seguridad pública dedicados a la prevención y seguridad pública y protección ciudadana, generan entre otros factores, confusión y duplicidad de funciones en algunos casos. Por ello, este Gobierno esta obligado a abrir las puertas hacia la transformación integral y progresiva de dichos ordenamientos, respetando las competencias que a los Ayuntamientos toca en la materia, así como a crear nuevas herramientas que permitieran avanzar de manera más efectiva en esta materia, tal como se plantea en el Código que presento.

  14. Que en efecto, el Ejecutivo en esta propuesta destaca la iniciativa para crear la Policía Estatal Preventiva, que operará en todo el territorio de nuestra Entidad y la denominación única para las Policías Preventivas Municipales, estableciendo la competencia de estas, bajo el principio de la legalidad que se hace efectivo frente a los gobernados.

  15. Que hay que reconocer también, que en tanto los elementos de seguridad pública y tránsito, respeten permanentemente los derechos humanos, indiscutiblemente se avanzará en el mejoramiento del Estado de Derecho, ya que en la medida en que se constituyan y se conserven las instituciones policiales con personal que tenga interés en el servicio público, verdadera vocación de servir para contribuir y brindar protección, se cumplirá una de las demandas más sentidas de la sociedad.

  16. Que se ha establecido también por el Ejecutivo a mi cargo, en la presente iniciativa, las atribuciones a que deben constreñirse los cuerpos de seguridad pública y sus mandos, la regulación del servicio civil de carrera policial y el órgano colegiado policial denominado Consejo de Honor y Justicia, el cual aplicará las sanciones cuando en su actuar algún elemento de policía transgreda la legalidad y marco jurídico normativo. Que al respecto cabe mencionar de dicho Consejo se hace necesario hoy en día, para que también sirva de referencia a los ayuntamientos.

  17. Que la función policial ahora garantizará la eficacia de los principios constitucionales de actuación, es decir: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; principios que obligan a hacer de la función policial un proyecto de vida, cuyo desarrollo estará regulado en un servicio civil de carrera de alta especialización.

  18. Que no se puede pensar en policías profesionales, cuando a estos no se les asegura el respeto a sus derechos y dignidad. Por ello este Código del Servicio Policial garantizará, de igual manera, el cumplimiento inexcusable de las obligaciones de los miembros de la Policía Preventiva, y la satisfacción de sus derechos y expectativas. Es así que se destinaran los mayores recursos posibles para que cada policía encuentre en su actividad, un sistema de prestaciones acorde a los riesgos inherentes a su responsabilidad.

  19. Que la corrupción es un mal en cualquier sociedad, pero cuando ésta penetra en las corporaciones policiales, genera uno de los mayores malestares sociales, así como el rechazo de la ciudadanía. Por ello, es primordial que éstos servidores públicos, sean mejor retribuidos para que se desempeñen con honestidad.

  20. Que es indiscutible, que la educación como elemento de formación del ser humano, tiende a desarrollar y motivar el amor a la patria y la conciencia en la justicia como premisas de la conducta humana, necesarias par la práctica de los más altos valores sociales. Por esta razón, estamos incorporando el servicio civil de carrera policial, como obligatorio y permanente.

  21. Que la capacitación, el adiestramiento, la actualización y la especialidad de los conocimientos y destrezas que se imparta a los elementos policiales, se debe desarrollar a partir de mecanismos de coordinación que creen condiciones para lograr ascensos y promociones; puesto que la especialización profesional redundará en l