Por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado, para contratar financiamiento destinado a Inversión Pública Productiva en el Estado, de conformidad al presente Decreto, así como para realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicios necesarios para efectuar dicha operación, los registros y certificaciones necesarias, y de cualquier otro pago que deba realizarse para concretar la referida operación; a constituir los fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean necesarios y las reservas correspondientes; a ceder el derecho al cobro y afectar como garantía de pago irrevocable un porcentaje suficiente de las participaciones Federales presentes y futuras que correspondan a la Entidad y en general a utilizar cualquier instrumento Legal, para garantizar el pago oportuno de las obligaciones que se contraigan, hasta por un monto de $1,900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) en un plazo no mayor de 20 años.

Y por el que se autoriza al Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo a contratar uno o varios empréstitos para ser destinados a un financiamiento al Estado de Quintana Roo, quien a su vez lo destinará a Inversión Pública Productiva en la Entidad de conformidad al presente Decreto; a constituir los Fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean necesarios y las reservas correspondientes; a ceder el derecho al cobro y afectar como fuente y garantía de pago de manera irrevocable un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar y realizar el pago oportuno de las obligaciones que el Instituto contraiga mediante la emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados Financieros Mexicanos o mediante la contratación de uno o varios créditos bancarios, hasta por un monto de $1,900’000,000.00 (Mil Novecientos Millones de Pesos 00/100 M.N.); así como para realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicios necesarios para efectuar dichas operaciones, de los registros y certificaciones y de cualquier otro pago que deba realizarse para concretar la referida operación, en un plazo no mayor de 20 años, sin que este financiamiento implique doble registro presupuestal, contable o de deuda.